Un día como hoy, 21 de octubre, pero hace 5 años, la policía irrumpió en las fotocopiadoras de la galería Montecarlo, donde los estudiantes de Derecho accedían a los materiales de estudio. El resultado: 32 personas detenidas y miles de estudiantes sin acceso a materiales de estudio.
Los allanamientos mostraron la necesidad de reformar la ley de derecho de autor para garantizar el derecho a la educación: legalizar los repartidos docentes, las copias para uso personal, la preservación de materiales en las bibliotecas y muchas otras cosas. Puede parecer ridículo, pero todas esas prácticas, que se realizan cotidianamente, son ilegales. Desde la FEUU hubo entonces una movilización por el derecho a la educación y se generó un proyecto de ley de acceso a materiales de estudio.
Este proyecto recibió el apoyo de la Udelar, de docentes, de bibliotecas y organizaciones que militamos por el acceso a la cultura. El proyecto buscaba simplemente adecuar la ley a la realidad, para que no volvieran a ocurrir detenciones arbitrarias y escasez de materiales. Además, establecía que todas las infracciones sin fines de lucro y sin intención de dañar al autor o autora de la obra, debían quedar fuera del ámbito penal (es decir, ¡de la posibilidad de multa o prisión!) y restringirse al ámbito civil.
En abril de 2016, el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Senadores, un paso fundamental para avanzar en el derecho a la educación y a la cultura. Cientos de estudiantes llenaron las barras y festejaron que estaban más cerca de conquistar nuevos derechos. Acá se puede leer el texto del proyecto con media sanción.
Pero a partir de entonces la situación cambió. La Cámara Uruguaya del Libro, junto con Agadu, comenzaron una campaña de presión muy dura para evitar que se aprobara la ley. Esta campaña se basó en información falsa que buscaba crear miedo en los autores y artistas. La Cámara del Libro llegó a afirmar que, en caso de aprobarse la ley, se iba a destruir la industria editorial. Una afirmación ridícula: las excepciones al derecho de autor para educación y bibliotecas existen en casi todos los países, siendo Uruguay una triste excepción.
La presión de la Cámara del Libro y de Agadu dificultó el avance de la ley y generó negociaciones muy arduas en torno al proyecto. Así, ingresó un proyecto alternativo que eliminaba algunos artículos y desnaturalizaba la mayoría de los restantes. Por culpa de las presiones corporativas, el proyecto quedó estancado en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, a pesar de que su aprobación era de enorme importancia para toda la educación. El año pasado hicimos una puesta al día de la situación, que pueden leer acá.
Para tratar de destrabar la aprobación del proyecto, la ANEP, Udelar, el Consejo de Derechos de Autor y la Dirección de Educación del MEC realizaron a fines de 2017 una nueva propuesta de redacción, con el objetivo de que la educación pueda contar con salvaguardas para generar y utilizar materiales de estudio. Casi un año después de recibir esta nueva propuesta, la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes todavía no la aprobó ni la discutió seriamente. La demora parlamentaria en aprobar esta propuesta conspira contra el derecho a la educación.
Ya pasaron 5 años desde los espantosos allanamientos en los que terminaron detenidos estudiantes que trabajaban en las fotocopiadoras. Mientras tanto, estudiantes, docentes y bibliotecarias siguen accediendo y brindando los materiales en una absurda ilegalidad. Esperemos que antes que termine este período, el Parlamento apruebe la ley de acceso a materiales de estudio, para garantizar el derecho a la educación y a la cultura, y para asegurar que nunca más un estudiante, un docente o una bibliotecaria corran riesgos legales.
Imagen: El Observador.