Preocupación internacional por Ley de Presupuesto que autoriza bloqueo y bajada de contenidos audiovisuales sin orden judicial

Con la excusa de la defensa del derecho de autor, el Parlamento está a punto de habilitar el bloqueo y la bajada de contenidos audiovisuales en Internet sin orden judicial. Esta medida afectará la libertad de expresión y de información, y se suma a una legislación de derecho de autor que carece de excepciones imprescindibles para garantizar la libre expresión. Junto a más de 20 organizaciones enviamos una carta a la Cámara de Senadores para reclamar que se retire del proyecto de Ley de Presupuesto el polémico artículo que faculta a la Ursec a «adoptar medidas sancionatorias y preventivas» para «impedir la difusión» de contenidos denunciados por infracción al derecho de autor sin mediar orden judicial alguna.

Montevideo, 3 de Noviembre de 2020

A la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay

Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil y académicas de América Latina y el Caribe, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales, nos dirigimos a ustedes a fin de expresar nuestra preocupación por las disposiciones establecidas en el proyecto de Ley de Presupuesto que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

Más precisamente, la preocupación surge de las disposiciones del artículo 671 (en la versión a estudio en el Senado, 652 en la versión del proyecto original) del proyecto de Ley de Presupuesto en el que se otorga a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, la facultad de adoptar medidas sancionatorias y preventivas tendientes a impedir la difusión de contenidos audiovisuales por razones de Derechos de Autor.

En numerosas ocasiones, organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre el impacto de medidas desproporcionadas para proteger el Derecho de Autor mediante esta clase de mecanismos, que carecen de las garantías apropiadas, por cuanto se penaliza a usuarios sin la intervención de un entidad independiente que pueda analizar otros elementos probatorios más allá de los esgrimidos por el denunciante. La remoción de contenidos en Internet sin una decisión de una autoridad judicial -aun cuando exista la posibilidad de apelación ex post por parte de los usuarios- contraría principios y recomendaciones para la protección de derechos fundamentales en línea, como los principios de Manila.

Las razones se fundamentan en el impacto que los mecanismos de “notificación y bajada” sobre contenidos aplicados por entidades reguladores sin competencias para evaluar en eventuales colisiones entre derechos patrimoniales, como el Derecho de Autor tienen en la vigencia de Derechos Humanos como el de libre expresión o de información, a diferencia de lo que sucede en los bloqueos de juegos ilegales en línea, en los que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y la URSEC poseen competencia sin que se produzca tal colisión.

Las organizaciones firmantes consideramos que esta clase de modificaciones con riesgos para la vigencia de los derechos fundamentales necesitan de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas, algo que resulta imposible en el marco de la sanción del Presupuesto Nacional.

Atentamente,

Accesnow

Amnistía Internacional Uruguay

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

ARTIGO 19 Brasil e América do Sul

OBSERVACOM

Fundación Via Libre

Fundación Acceso, Centroamérica

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (CELE)

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (México)

Laboratorio de Datos y Sociedad (DATYSOC), Uruguay