El pasado miércoles 22 de junio se realizó un debate sobre el lugar de la información en la nueva agenda de derechos. La actividad se desarrolló en el marco de la semana de acción global de solidaridad que apunta a reclamar por la situación actual de privación de libertad de Julian Assange.
La reunión, organizada por Proderechos y Creative Commons Uruguay y realizada en Casa Tomada, fue moderada por Victoria Carranza, integrante de Proderechos, y contó con las participaciones de Gabriel Delacoste (politólogo), Mariana Fossatti (socióloga, integrante de Creative Commons Uruguay) y Fabrizio Scrollini (abogado, integrante de DATA Uruguay).
En base a los ejes de la vigilancia comercial y estatal, el acceso a la información y la reforma de la ley de derechos de autor, los panelistas plantearon temas como el grado de privacidad que la ciudadanía está dispuesta a ceder ante los nuevos medios de vigilancia pública y privada; los gobiernos limitando el derecho a la privacidad con la justificación de brindar mayor seguridad; la regulación de la libertad de expresión; la protección de la intimidad en internet; el derecho de acceso a la información de los ciudadanos; el conocimiento como propiedad privada y la consideración de acciones cotidianas tales como fotocopiar o descargar información de internet como un delito. A las exposiciones de los panelistas se sumaron distintas interrogantes del público.
“First they came for Assange” (Primero vinieron por Assange) es un evento coordinado en varias ciudades en solidaridad con Julian Assange, programador y ciberactivista australiano, creador del sitio WikiLeaks, quien el 19 de junio cumplió cuatro años en privación de libertad, sin cargos serios en su contra. En ese marco, se planteó la persecución política como un problema social que afecta a la democracia.
La actividad en Casa Tomada comenzó con la proyección de una entrevista realizada a Assange el pasado 19 de junio, para el diario español eldiario.es, acerca de su situación actual.
Luego, Gabriel Delacoste propuso una mirada política sobre la propiedad intelectual, la cual va más allá de la reproducción de textos, poniendo como ejemplo el acceso a los medicamentos y el poder de mercado que tienen las industrias farmacéuticas. Abordó el papel central que tiene el conocimiento y las barreras legales a su uso dentro del capitalismo. Esta centralidad económica del manejo de información deriva en una centralidad política, como se puso de manifiesto en el caso de Edward Snowden. Delacoste mencionó casos de empresas con gran poder económico, capaces de acceder a más información y de restringir el acceso a las que no tienen ese poder. El crecimiento de las empresas tecnológicas genera tensiones internas entre los grandes poderes del capitalismo, en particular con las industrias del entretenimiento, pero estas tensiones suelen ser resueltas mediante censura y restricciones, sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía.
El siguiente expositor, Fabrizio Scrollini, destacó que la tecnología es política, y utilizó como ejemplo los sistemas de trenes, que tienen la posibilidad de incluir o excluir a poblaciones enteras. De este modo, se puede analizar la estructura tecnológica de una sociedad desde el punto de vista de determinar a quiénes favorece y a quiénes no. Por otra parte, señaló el problema de la vigilancia gubernamental, y destacó el caso de El Guardián, una tecnología utilizada por el gobierno uruguayo para monitorear potenciales delincuentes pero que no cuenta con reglas claras y límites establecidos para ser utilizada con suficientes garantías. A su vez, afirmó que la compra de este tipo de tecnologías debería ser discutida a nivel social y que se debería pensar en mecanismos transparentes para que los actores aseguren los derechos de todos e informen claramente qué hacen con nuestros datos personales. Y para cerrar, planteó que la discusión sobre un marco legal que asegure nuestros derechos básicos en entornos mediados por tecnologías aún “está muy verde”.
Mariana Fossatti partió de la idea de que la información es un derecho y que todos deberíamos tener este acceso garantizado. Lo mismo pasa con el derecho a la intimidad. Estos derechos se encuentran establecidos a través de declaraciones y pactos de derechos humanos, pero al momento de discutir los derechos en el mundo digital, muchos actores poderosos buscan redefinirlos, dejando en el camino algunos derechos fundamentales. Estableció como ejemplo los casos de Snowden y Assange, a quienes se acusa de actos ilegales a pesar de la intuición popular de que lo que hicieron está bien. WikiLeaks, el sitio web creado por Assange, realiza una práctica totalmente legítima reconocida dentro del periodismo -la protección de la fuente de información-, pero esta práctica ha sido asociada por el gobierno de Estados Unidos con el “robo” de información. Snowden, por su parte, denunció un abuso de su gobierno, y fue acusado de espía. También está el caso de Aaron Swartz, programador estadounidense, militante por el acceso al conocimiento que se suicidó debido a la persecución legal sufrida. Y el de Alexandra Elbakyan, programadora y científica de Kazajistán, que es perseguida por la poderosa editorial Elsevier por poner a disposición gratuitamente textos científicos. Sin embargo, Fossatti resaltó que, más allá de estos casos resonantes, es toda la ciudadanía la que queda fuera de la ley cuando son criminalizadas prácticas cotidianas tales como bajar un PDF o sacar una fotocopia. En Uruguay, la ley de derechos de autor es la que regula el acceso al conocimiento y a la cultura, estableciendo que cualquier copia o reproducción de una obra está prohibida. La reforma a esta ley que actualmente discute el Parlamento busca derogar este delito penal y agregar una serie de excepciones para facilitar el acceso a la cultura y a los materiales de estudio. Distintos actores, como la Cámara del Libro y AGADU, forzaron a la FEUU a firmar un acuerdo que pretende recortar la reforma, creando un marco legal confuso y restrictivo. Sin embargo, la discusión aún se encuentra en el Poder Legislativo. Desde Creative Commons Uruguay se está intentando llegar a una ley que sea lo más adecuada posible para las prácticas educativas y el acceso a la cultura en el siglo XXI. A su vez, existe una declaración firmada por varias organizaciones en apoyo al proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, y también una carta ciudadana que se encuentra en todosganamosderechos.org, firmada por autores, profesionales, estudiantes y ciudadanos.
Luego de que los panelistas desarrollaron estos distintos puntos conectados y atravesados por leyes contradictorias, y respondieron preguntas del público, se dio el cierre del encuentro con la proyección de un video de Slavoj Zizek, filósofo y sociólogo esloveno, quien, en apoyo a Assange, propone no olvidar su nombre y, a su vez, llama a una revolución para lograr la protección de nuestra privacidad. Zizek culmina diciendo: “Julian vive en nosotros, todos somos culpables si no hacemos algo”.
Mercedes Cabrera (voluntaria en Creative Commons Uruguay)
Álbum con fotos de la actividad:
